Sindicatos policiales y Seguridad

En diciembre de 1983, los argentinos volvíamos a la luz, luego de casi una década oscura que sembró terror e incertidumbre, causando heridas sociales que a casi 30 años aún no pueden ser cerradas.

Durante estas tres décadas, el daño que socialmente se esgrime es el de los asesinados y desaparecidos, sus familias y la sociedad en general.

A veces se debate sobre los daños causados por grupos paramilitares como lo eran el ERP y si deben ser reparados en igual sentido que los causados por quiénes por imposición de Fuerza conducían al Estado Nacional.

Pocas veces se ha discutido seriamente sobre un flagelo producido por aquella época oscura, aquellos años de muerte y dolor, que lograron cegar a toda una sociedad y condenar a miles de trabajadores en el territorio argentino (como también en Latinoamérica) a la esclavitud, al desamparo y al silencio absoluto.

La Democracia no es una forma de gobierno, sino una filosofía social de ejercicio pleno y responsable del derecho y las libertades donde todos somos iguales, pero a pesar de que el discurso alusivo a sus virtudes late en cada acto político, los Policías de la Argentina siguen sumidos en una absoluta contradicción, dado que jurídica y socialmente son impuestos al deber de proteger los Derechos y las Libertades de las personas, pero éstos tienen TERMINANTEMENTE PROHIBIDO hacer ejercicio de los suyos y no gozan de libertad.

Esta principal contradicción se encuentra fundada en los iniciales modelos de Policía nacidos entre los siglos 15 y 16 en Europa y donde el que todos conocemos como modelo Del Príncipe (Castrense) se basa en dos principales escalafones, uno de decisión y uno de ejecución (militarizado). El modelo Anglosajón o del pueblo es de conformación social y nace con el objetivo de cuidar al pueblo y mantener el orden.

El castrense bien podría ser vigente en una Dictadura o en una guerra, dado que restringe la decisión individual de los uniformados a la hora de actuar, pero tanto la realidad jurídica actual (Código de Procedimiento Penal), como la exigencia social ante una situación de inseguridad, exigen a cada uniformado la plena conciencia y responsabilidad de sus actos, absolutamente contradictorio al orden institucional interno de los cuerpos policiales dado que si los uniformado tratan de desarrollarse plenamente y progresar, son impuestos caprichosos ordenes jerárquicos que obstaculizan el desarrollo y la tecnología a favor de la seguridad, por el sostenimiento de un status quo paralizado a mediados del siglo pasado y que no se adapta a los tiempos que corren, situación que queda evidenciada en una creciente tasa delictual, que no solo crece en cantidad de hechos, sino que al no ser contrarrestada llama al caos y a la violencia, motivando a los Gobiernos improvisados a responder con violencia que solo lleva más dolor al seno de la sociedad.

 

Derechos compartidos

La sociedad es libre y debe gozar de esas libertades. La Policía a través de sus trabajadores debe proteger esos derechos sociales y procurar su pleno desarrollo.

El conflicto surge cuando los que deben proteger derechos ajenos no pueden gozar de los propios, desconociendo la existencia de derechos como la libertad, poniendo así en riesgo los derechos que debía proteger…

El carácter contradictorio y de difícil comprensión del párrafo anterior trata de poner en relieve una hipócrita discusión que lleva casi los mismos años que nuestra democracia y que a la fecha no ha logrado ser saneada, sobre los derechos sindicales de los Policías, los cuales han sido sistemáticamente negados por entender los diferentes Ministros de Trabajo de la Nación que la policía es un órgano estrictamente verticalista y disciplinado, hecho que solo justifica la OBLIGACIÓN ciudadana de otorgarle el poder de defender sus Derechos a los trabajadores y así llegar al sano y democrático equilibrio de poderes que proteja a las instituciones por sobre las Corporaciones que durante la historia han sido las que abusando de esa verticalidad han envestido a la democracia con Golpes de Estado que nadie quiere volver a vivir.

 

Historia

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el años 1948 hasta nuestros días se han ido desarrollando y avanzando el fortalecimiento de los Derechos Humanos como elemento fundamental del desarrollo de las sociedades y la paz, protegiendo tanto a la persona con sus Derechos, como también las relaciones entre las sociedades y los Estados.

De la generación de conciencia social y gubernamental han surgido diferentes herramientas del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional que nos han llevado a la aprobación del Divorcio Vincular, al abolición del adulterio como Delito Penal, la aprobación de la libre sexualidad como derecho jurídico y demás avances en la protección de los Derechos de las minorías.

En el año 1988 un grupo de uniformados de la Provincia de Buenos Aires encabezados por Nicolás Masi comenzó a debatir sobre sus derechos, dado que la Constitución claramente dice para todos los habitantes de la Nación y así fundaron al año siguiente el Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA).

En España desde el año 1977 existen los Sindicatos Policiales y en el artículo 28 de su Constitución Nacional indica que “la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados u a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”.

En el año 1989 se funda en Europa el Consejo Europeo de Sindicatos Policiales (C.E.S.P.), donde se organizan los Sindicatos Policiales de los 19 Estados Europeos.

En esa misma época, en la Argentina perseguían a los uniformados que intentaban hacer uso de los Derechos conferidos por el artículo 14bis de nuestra Constitución, con hechos puntuales como la firma del Decreto por parte del entonces Gobernador Duhalde, cesanteando al entonces Oficial Principal (Adm.) Nicolás Alberto Masi.

El 3 de Diciembre de 2001, en el Recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se fundaba la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, la cual hoy cuenta con más de 25 organizaciones sindicales de todo el País.

 

Fundamento jurídico

En el ordenamiento Jurídico Argentino, no existe legislación que prohíba la sindicalización de los Trabajadores Policiales.

La Constitución Nacional en su Artículo 14 bis dice que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, hecho que no ocurre con los uniformados en nuestro país, dado que las diferentes normativas imponen conductas y deberes, pero poco o nada hablan de las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.

El mismo artículo reza “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”, cuestión que no es real en el Estado argentino comprobada con la negatoria a los Sindicatos Policiales como también a la Central de Trabajadores Argentina (CTA).

El ministerio de Trabajo de la Nación se ha amparado en el Convenio 87 de la OIT, aprobado en el año 1948, que en su Artículo 9°, párrafo 1 dice que “la legislación nacional deberá determinar hasta que punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio”.

Es necesario tener como precepto el Artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, el cual dice que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, motivo que habilita a los Trabajadores Policiales a sindicalizarse, como bien expresa el dictamen 40-08 del INADI, el cual considera que “impedir el libre ejercicio de la Libertad Sindical al Personal de la Policía Bonaerense negándole la inscripción gremial a SIPOBA constituye un acto de discriminación conforme a lo establecido por la ley 23.592”

 

Seguridad con Sindicatos Policiales

En los últimos tiempos de nuestra historia, hemos visto en los Sindicatos un poder de coacción hacia los Gobiernos que realmente despierta dudas sobre permitir Sindicatos Policiales, pero negarles a los Trabajadores Policiales la posibilidad de defender sus Derechos en materia laboral y social es lo que ha permitido a Jerarcas Policiales y Gobernantes oportunistas, el atropellamiento sistemáticos de los Derechos Civiles, ya que utilizan las Fuerzas Policiales como elemento de CONTROL social y no como instrumento de Seguridad Pública.

Las sociedades han evolucionado, las instituciones han evolucionado, pero las Policías siguen con legislaciones de la última Dictadura Militar, las costumbres del imperio de la orden por sobre la razón y el profesionalismo, las costumbres o cultura policial no se adaptan a las transformaciones jurídicas y siguen oprimiendo a la razón con sistemas punitivos legales tanto como sistémicos (traslados, amenazas).

Es tiempo que la Democracia sea una realidad todos los Argentinos, que puedan ejercer sanamente sus Derechos, con todas sus responsabilidades. En materia de Seguridad no podemos seguir sosteniendo un sistema cuasi monárquico donde los pocos jerarcas tomas decisiones que afectan a derechos de terceros, SIN OÍR a quienes ejercen el poder de Policía que el Estado monopoliza, sin escucharlos ni atender a sus necesidades, porque para defender los Derechos Humanos, los Policías deben conocerlos, saber de su existencia y de su pleno ejercicio permitiéndoles agremiarse, con lo límites que garanticen el derecho a la Seguridad de todos los ciudadanos.

 

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One Response to Sindicatos policiales y Seguridad

  1. Evanir Méndez dice:

    Precioso análisis, sustentado en normativa y derecho internacional que ya, debería estarse enseñando en los Centros de Estudio de la Policía. En Uruguay, en la Escuela Nacional de Policía (E.N.P.) y en las Escuelas Departamentales de Policía para el Personal Subalterno. Pero claro, ésto le mueve el piso a una institución dirigida por Jerarcas formados en la primera Escuela referida,por aquellos años.

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