“Lo difícil es creerles”

dificil es creerles

Esta semana la cartera educativa de la Nación anunció un conjunto de medidas que se implementarán a partir de la segunda mitad del año en materia de evaluación de la calidad de la educación. Al respecto, hay algunas cuestiones relevantes para considerar.

La primera de ellas tiene que ver con que finalmente la línea del “relato oficial” aborda de manera pública la problemática de la calidad educativa, asociando el concepto de evaluación integral (1) a ella. Afortunadamente, también parecen haber quedado atrás los cuestionamientos a las evaluaciones internacionales, o el desconocimiento de sus resultados. Hasta no hace mucho daba la impresión de que el modelo educativo kirchnerista apuntaba a la inclusión como misión -casi- central, dejando para un momento posterior las cuestiones referidas a la calidad.

La segunda es que muchas de estas acciones “presentadas” mediante conferencia de prensa esta semana forman parte del Plan Nacional de Educación Obligatoria 2012 – 2016 presentado en febrero del corriente año por la propia Presidenta de la Nación y que fuera elaborado y consensuada en el seno del Consejo Federal de Educación, y a su vez también fueron contempladas por el Plan de Evaluación de la Calidad Educativa 2010 – 2020 presentado en mayo del 2010, y también muchos de los objetivos y metas están incluidos en la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006.

La tercera es que surge como una novedad dentro de los anuncios el IMESA (Índice de Mejora de las Escuelas Secundarias), con el cual “no se busca culpabilizar o sancionar ni se tiene como meta la competividad entre escuelas, sino lo colaborativo en función de lograr que todos los chicos aprendan más y mejor” (2). Coincidiendo con que el espíritu de un indicador de este tipo debe ser exactamente el que el Ministro enunció, es importante remarcar que estos datos deben estar a disposición de las Instituciones Educativas y sus autoridades, como también para los responsables jurisdiccionales de los sistemas educativos, resguardando esa información de la opinión pública. Publicar datos particularizados por institución fomentaría una cultura migratoria entre éstas. El fin último de la información recavada debe ser el de detectar las carencias y demandas para luego intensificar los esfuerzos en aquellas instituciones y jurisdicciones dónde sean mayores.

Para graficar hipotéticamente lo contrario, resulta pertinente citar un ejemplo: hace unos años atrás el Presidente de la vecina República de Chile, Piñeira, propuso una reforma educacional que contemplaba -entre otras transformaciones- una “semaforización de las escuelas”, etiquetandolas con colores verde, amarillo y rojo de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de calidad nacionales, exponiendo de esa forma las “mejores” y las “peores” instituciones para que las familias puedan así decidir dónde educar a sus hijos. La Constitución Nacional y las leyes normativas determinan en nuestro País que la educación es una responsabilidad indelegable del Estado. Exponer a las escuelas en sus debilidades, en lugar de llevar a cabo acciones y políticas educativas constituiría un desentendimiento y un abandono de las funciones y responsabilidades indelegables del mismo. Es el Estado quien tiene que resolver estos problemas, generando mayor igualdad, y no las familias retirando a los alumnos de las escuelas tildadas como de menor calidad.

En definitiva, y como lo plantea desde el inicio esta columna de opinión, el problema no son ni los anuncios, ni las medidas propuestas. La dificultad radica en la falta de credibilidad. Si hay una deuda que el Estado Nacional mantiene con la educación, es la evaluación de los procesos y los resultados para el mejoramiento de la calidad. Las leyes sancionadas por el Peronismo (Kirchneristas incluidos) en la década del 90 transfirieron las escuelas y las responsabilidades educativas a las provincias, permitiendo el abandono del Estado Nacional de sus responsabilidades en cuanto a articulación y evaluación y financiamiento. Tras 20 años de deterioro del sistema y tras
10 años de anuncios reiterados, una y otra vez, de similares medidas, de programas impulsivos y de falta de planificación; resulta difícil confiar en que, ésta vez, se van a hacer cargo.

Emiliano Bastia

Integrante de los Equipos Técnicos del Instituto Moisés Lebensohn
Asesor en Educación en el Congreso de la Nación

(1) Con el término integral se pretende clarificar que la concepción de la evaluación de la educación debe contemplar análisis de resultados y procesos, no sólo de todos los actores, sino también de las Instituciones involucradas en la totalidad del proceso de enseñanza aprendizaje y en todos sus niveles.

(2) Alberto Sileoni en http://www.telam.com.ar/notas/201305/16981-sileoni-presento-un-sistema-de-evaluacion-educativa-no-punitivos.html

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