Venezuela después del golpe

Postales Julio 2015

Hace algunas semanas atrás, tanto en una charla organizada por el Instituto Moisés Lebehnson como en una columna publicada en el newsletter Noticias Electorales de América Latina, advertía sobre la creciente radicalización del régimen de Nicolás Maduro.

En ambas oportunidades, destacaba que la inesperada muerte de Hugo Chávez Frías en el año 2013 había dado comienzo a una etapa de profundización y mayor radicalización política del régimen: un proceso electoral controversial en 2013, los sucesivos y fallidos intentos de diálogo político con intervención internacional mediante en 2014 y 2016, el desconocimiento por parte del oficialismo del triunfo opositor en la Asamblea Legislativa a fines del 2015 y los sistemáticos intentos de bloqueo del funcionamiento de dicho cuerpo colegiado a partir del 2016 como así también de la realización del Referéndum Revocatorio y nuevas elecciones regionales eran claros indicadores de la radicalización del gobierno venezolano.

Advertíamos entonces que en esta etapa el término “autoritarismo electoral”, utilizado para caracterizar al gobierno de Maduro, abría paso a la denominación del Régimen Político de Gobierno como “autoritarismo a secas”, más autoritario menos electoral.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela de asumir aquellas funciones legislativas correspondientes a la Asamblea Nacional representa un escalón más en la creciente radicalización que caracteriza al gobierno venezolano.

Esta iniciativa reconoce como antecedentes la disolución del parlamento llevada a cabo por José María Bordaberry en Uruguay en 1973 y años después por Alberto Fujimori en Perú en 1992, en un contexto de enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La particularidad de esta disolución de la Asamblea Legislativa en Venezuela está dada por la intervención del poder judicial representando una suerte de “Golpe de Estado Judicial” en lugar del tradicional golpe civil con soporte en las FFAA como el protagonizado en Uruguay y Perú.

La expresión Golpe de Estado se usó posiblemente por primera vez cuando Napoleón, el 9 de noviembre de 1799, provocó la caída del directorio y se incorporó definitivamente en el uso del vocabulario político cuando Luis Napoleón, el 2 de diciembre de 1851, disuelve la asamblea, ordena el arresto de su principales opositores y solicita al pueblo el poder de dictar una nueva constitución.

Tres son las acepciones más corrientes: a) Alzamiento contra el orden político vigente por parte del propio jefe de gobierno o alguno de sus componentes, b) Medida grave, que puede o no ser violenta, por el que uno de los poderes del estado usurpa atribuciones del otro, c) Uso en todo o en parte, de coerción de un sistema político para cambiar a las autoridades o las reglas legales, o parte de ellas, en condiciones que violan dichas reglas legales.

En función de los acontecimientos sucedidos, se trata claramente de un golpe de estado en la medida en que el proceso con los atributos descriptos en las acepciones a y b.

Se ha intentado equiparar esta situación con el proceso de impeachment que culminó con la destitución de Dilma Rousseff durante el año 2016; a diferencia de lo acontecido en Venezuela, la ex presidente de Brasil se sometió al proceso judicial que culminó con su remoción sin apelar a mecanismos tan “heterodoxos” como los implementados en Venezuela y al mismo tiempo se vio garantizado el proceso de continuidad institucional con la sucesión de Michel Temer al frente del poder ejecutivo aún en tan crítica coyuntura.

En resumidas cuentas, mientras en Brasil el problema ha sido (y probablemente es) más de legitimidad que de legalidad, en Venezuela el dilema tiene lugar tanto en términos de legitimidad como de legalidad.

Postales Julio 2015

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